Huelgas en educación infantil: ¿quién paga el precio?

Mientras escribo estas líneas, decenas de miles de educadoras y maestras en España están en huelga. Empezó en las escuelas infantiles de Madrid, en el tramo de 0 a 3 años, y ya se ha ido extendiendo. Otras comunidades autónomas acumulan jornadas de paro en primaria y secundaria también. No es una anécdota puntual: es un sector que lleva tiempo avisando de que algo no funciona, y que ha tenido que llegar al límite para que se escuche.

Quiero hablar de esto desde mi lugar, que es la educación infantil. Porque creo que no se está nombrando suficientemente lo que estas huelgas significan para los niños y niñas más pequeños, y esa conversación importa y mucho.

Lo que están pidiendo no es un capricho

Las reivindicaciones del sector son claras: reducción de ratios, mejora salarial, reducción de horas lectivas, reconocimiento de la categoría profesional y tiempo real para el trabajo pedagógico. En muchas escuelas infantiles de gestión indirecta, las educadoras cobran cerca del salario mínimo y trabajan jornadas de hasta 40 horas semanales sin tiempo reconocido para preparación. Evidentemente, con estas condiciones muchos tendrán que encontrar otras fuentes de ingresos, así como condiciones de vida demasiado justas.

Mientras que se movilizó presupuesto para ampliar las plazas en el tramo 0-3, no se acompañó de mejoras en las personas que sostienen ese sistema. El propio lema de la huelga lo dice todo: «No guardamos, educamos». Hay un problema de reconocimiento muy profundo detrás de esa frase.

Y lo que piden, insisto, no es nada que no exista ya en otros países de nuestro entorno europeo. No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de dignificar con unas condiciones mínimas para ejercer bien una profesión que importa enormemente.

La estabilidad en infantil no es un extra, es una necesidad

Desde la perspectiva pedagógica, quiero detenerme en algo que quizás no se nombra suficientemente en el debate público: lo que estas huelgas, o más bien las condiciones que las generan, hacen a los niños y niñas pequeños cuando afectan a la continuidad del aula.

En educación infantil, la estabilidad no es un valor añadido. Es la base de todo. Un niño de dos o tres años necesita llegar a la escuela y encontrar a su educadora de referencia, al grupo que ya conoce, la rutina que le da seguridad. Esa predictibilidad es lo que le permite sentirse seguro, explorar, relacionarse y aprender. No es una preferencia: es una necesidad del desarrollo.

Cuando hay falta de personal, lo que ocurre en la práctica es que los grupos se juntan para que haya siempre un adulto presente. Es la solución lógica desde la gestión, pero tiene un coste real para los pequeños: de repente están con niños que no conocen, en un espacio reorganizado, sin la persona adulta con quien habían construido un vínculo. Para un bebé o un niño de dos años, eso no es un inconveniente menor. Es una fuente real de desregulación.

Y más allá del impacto emocional inmediato, también desaparece la continuidad educativa. Las buenas prácticas en infantil no son improvisables: se construyen sobre el conocimiento profundo de cada niño, sobre la observación acumulada, sobre el proyecto de aula. Cuando el equipo no está, eso se interrumpe.

Un sector precario no puede ofrecer una educación de calidad

Aquí está, para mí, el argumento más importante. No podemos exigir excelencia educativa a profesionales que trabajan en condiciones de precariedad extrema. No porque no tengan vocación, sino porque la vocación no suple la sostenibilidad. Una educadora agotada, mal pagada, con 20 criaturas a su cargo en una sala sin tiempo para respirar, da lo mejor que puede. Pero el sistema le está pidiendo lo imposible.

Los ratios actuales en muchas escuelas de primer ciclo superan ampliamente cualquier recomendación pedagógica. Hablamos de hasta 20 niños de entre 2 y 3 años por aula. Cualquier profesional de esta etapa sabe lo que eso significa en el día a día. No es posible la atención individualizada, no es posible la observación sostenida, no es posible la calidad de vínculo que esos niños necesitan.

No estoy diciendo que las huelgas sean la solución ideal, porque soy muy consciente del efecto que tienen precisamente en las familias y en los niños que más queremos proteger. Pero sí digo que si el sector ha llegado hasta aquí, hasta huelgas indefinidas, es porque no ha habido otra forma de que se escuche lo que lleva años diciéndose.

Cuidar al sector educativo es cuidar al alumnado

Me resulta paradójico que tengamos que seguir argumentando esto. El bienestar de los profesionales de la educación y la calidad educativa del alumnado no son cosas separadas. Son la misma cosa. Si queremos que los niños y niñas de este país tengan una primera infancia sólida, estimulante, emocionalmente segura, necesitamos que las personas que los acompañan cada día puedan ejercer su trabajo con dignidad.

Eso implica ratios razonables. Implica salarios que no obliguen a un segundo empleo. Implica tiempo para preparar, observar, reflexionar y mejorar. Implica reconocimiento real de la categoría profesional. Y, sobre todo, implica que las administraciones dejen de ver la educación infantil como un servicio de conciliación y empiecen a verla como lo que es: la etapa educativa más decisiva de toda la vida.

Poder ofrecer una experiencia educativa de calidad a todos los menores debería ser innegociable. Y los profesionales del sector son quienes tienen el conocimiento y el compromiso para hacerlo posible, si se les dan las condiciones para ello.

La trampa invisible: los centros privados y los servicios mínimos

Hay una parte de este conflicto que apenas se visibiliza, y que me parece importante nombrar. Hablando con una directora de un centro 0-3 privado, me contaba algo que me resultó muy revelador: los servicios mínimos que les exigen para mantener el centro abierto durante los días de huelga equivalen prácticamente al 100% de la plantilla. En la práctica, eso significa que sus trabajadoras no pueden ejercer su derecho a la huelga.

La huelga, en los centros privados de primer ciclo, queda convertida en papel mojado. Las educadoras tienen el mismo malestar, las mismas condiciones, las mismas reivindicaciones que sus compañeras de la escuela pública. Pero el sistema de servicios mínimos las deja sin voz real. Y esto no es un detalle menor: es una fractura importante en la capacidad del sector para hacerse oír de forma colectiva.

A esto se suma que el sector privado ya es de por sí más fragmentado y precario. Las condiciones laborales varían enormemente según el tipo de centro y el convenio colectivo que se aplica. Muchas de estas profesionales llevan años en una situación aún más invisible que sus compañeras de la red pública, y cuando por fin se convoca una huelga que recoge sus demandas, no pueden sumarse a ella de manera efectiva.

Hablar de huelga en educación infantil sin hablar de esto es hablar de la mitad del problema. Las soluciones que se negocien tendrán que contemplar todo el sector, público y privado, o seguiremos tapando goteras.

Ojalá no hagan falta más huelgas para que eso ocurra.